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La expropiación forzosa; fases y procedimiento

La expropiación forzosa; fases y procedimiento

Luis De la Vega. Abogado de Legálitas

 

 La expropiación forzosa, es un instrumento legal en manos de las administraciones públicas, para poder efectuar actuaciones en beneficio de la sociedad, que afecta directamente a derechos e intereses de determinadas personas, que deben de ser indemnizadas pero que debe de basarse en el principio, siempre que sea posible de mínima intervención, afectando lo menos posible a los derechos e intereses de los afectados.

 

SUMARIO:

  • regulación de la expropiación forzosa
  • requisitos
  • declaración de utilidad pública
  • procedimiento de expropiación
  • Indemnización o justiprecio
  • El derecho de reversión
  • El desistimiento, la caducidad y liberación de la expropiación

 

Para poder transmitir una propiedad privada de su titular, para convertirla en bien o derecho de dominio público, se crea la figura jurídica de la expropiación forzosa, pudiendo ser definida, como la transferencia coactiva de la propiedad o de un derecho de un particular a la Administración pública, por razón del interés público y previo pago de una indemnización.

El particular expropiado, tienen derecho a una indemnización equivalente al valor del bien o derecho expropiado, el pago pecuniario de esa cantidad, se llama justiprecio

La regulación de la expropiación forzosa se encuentra en la Ley de Expropiación inmobiliaria Forzosa (en lo sucesivo LEF) de 16 de diciembre de 1954 y en el Reglamento de 26 de abril de 1957, así como en los arts. 33 y 149.1.18 de la Constitución. Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio 2008, del Texto refundido de la ley del Suelo.

Para poder efectuar una expropiación primero, se debe de declarar el bien o derecho, que va a ser afectado de utilidad pública, con informes de carácter técnico y jurídico, que lo avalen

En una expropiación se debe de intentar siempre menoscabar, lo menos posible los bienes y derechos de los ciudadanos, teniendo que estar justificado el interés general, su utilidad pública y la necesaria la ocupación del bien o derecho en concreto, siendo esta una garantía legal, fundamental para los particulares.

En todos los expedientes de expropiación forzosa se debe de dar traslado al afectado expropiado de este, para que sea parte, pudiendo impugnar y alegar lo que estime pertinente sobre los motivos de la expropiación, además de discutir respecto del precio, que se ha establecido respecto de los bienes y derechos que se tengan sobre los mismos (casas cultivos, alquileres…etc)

El Estado, la Diputación, el Municipio, y las Comunidades Autónomas, son el expropiante, son las entidades públicas que tiene la titularidad, la competencia para ejercer la potestad expropiatoria, conforme a lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, sólo les corresponde a ellos, aunque los entes privados que dan servicios básicos públicos, como la electricidad, agua, telecomunicaciones, gas….etc pueden instar a las Administraciones previa solicitud suya justificada que expropien un determinado bien o derecho

El expropiado, es quien tiene el derecho, siendo el mismo el titular del bien o derecho expropiado, que deriva de su relación de propiedad, con las cosas objeto de la expropiación.

El beneficiario de la expropiación, es siempre quién representa el interés público, social, para cuya realización insta a la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria y que adquiere el bien o derecho expropiado, pero debe de apoyarse siempre en una causa siendo este el elemento, el más determinante e importante de la institución, pudiendo ser un bien la utilidad pública o un bien el interés social, extendiéndose a derechos e intereses patrimoniales legítimos, hablando incluso en el reglamento de las expropiaciones de facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos.

La declaración de utilidad pública es requisito indispensable para iniciar el procedimiento expropiatorio, siempre que implique privación singular de propiedad, derechos o intereses

Esta regla es especialmente aplicable cuando se trate de bienes muebles, así como a la declaración de utilidad social, como causa determinante de la expropiación.

El procedimiento de expropiación comienza realmente con el acuerdo de la Administración, en el que determina concretamente cuáles son los bienes y derechos que han de ser objeto de expropiación.

En la Ley de Expropiación Forzosa existen dos tipos de procedimientos:

  • Uno de urgencia, que se tramita con celeridad, previa declaración de esta característica, produciéndose la ocupación de los bienes o derechos afectados de forma inmediata, dictando el correspondiente acuerdo en virtud del cual, podrá efectuarse la expropiación mediante la ocupación de los bienes afectados, un ejemplo, es cuando se producen daños en infraestructuras básicas, teniendo que ser ocupadas terrenos colindantes, para llevar a cabo una reparación rápida y eficaz del servicio
  • El procedimiento normal de expropiación se inicia con una relación concreta e individualizada, que el beneficiario debe formular de los bienes o derechos que considere necesario expropiar, publicándose en los boletines oficiales correspondientes notificándoselo a los expropiados y dejándoles plazo para formular alegaciones.

Finalizada la información pública, se abre otro período durante el cual la Administración examina y califica los escritos de oposición presentados. Incorporándolo a las certificaciones y documentos extendidos por el Registro de la propiedad y otras dependencias.

La fase final, termina con el acuerdo del órgano competente, de necesidad de ocupación. Este acuerdo se ha de publicar y, además notificarse individualmente a todos los interesados en el expediente. Contra el mismo cabe recurso ante el órgano correspondiente

La fijación de la indemnización o justiprecio constituye, como es obvio, el problema capital de una Ley de expropiación. Quién la determina es la administración, a través de su técnico, pudiendo ser rebatida e impugnada, por los expropiados, ante el Jurado Provincial

 El Jurado Provincial de Expropiación, que es el órgano que dirime las controversias existentes sobre el justiprecio, se constituirá en cada capital de provincia, estará formado por un Presidente, que lo será el Magistrado que designe el Presidente de la Audiencia correspondiente, y los siguientes cuatro Vocales:, un Abogado del Estado de la respectiva Delegación de Hacienda, dos funcionarios técnicos designados por la delegación de hacienda de la provincia, que serán nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar, un representante de la Cámara Oficial Sindical Agraria, cuando la expropiación se refiera a propiedad rústica, y un representante de la C. N. S. respectiva en los demás casos., un notario de libre designación por el decano del Colegio Notarial correspondiente, el Interventor territorial de la provincia o persona que legalmente le sustituya.

La composición del Jurado Provincial busca que exista la mayor imparcialidad posible a la hora de determinar la discrepancia sobre el precio a abonar a los ciudadanos afectados, teniendo que ser la resolución motivada, razonándose los criterios de valoración seguidos por el mismo en relación con lo dispuesto en esta Ley.

Esta resolución, que se notificará a la administración y al propietario, ultimará la vía gubernativa, y contra la misma procederá tan sólo el recurso contencioso-administrativo.

La puesta a disposición del justiprecio establecido por el Tribunal del Jurado puede ser impugnado judicialmente ante los Juzgado de lo Contencioso Administrativo, pero el justiprecio debe de ponerse a disposición de los expropiados, depositándolo en la caja de caudales de la expropiación, pudiendo estos ser retirados, por los afectados, pero en ningún caso su acceso implica conformidad con las cantidades acordadas

El pago debe de ser efectuado mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia bancaria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por este medio, para que quede constancia del mismo, el justiprecio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, Provincia o Municipio, incluso el de pagos del Estado.

Para que lo procedimientos de expropiación, no se dilaten en el tiempo de forma perjudicial a los intereses de los administrados expropiados, se establece el plazo normal de su tramitación de seis meses desde el inicio legal del expediente expropiatorio, cuando transcurrido ese plazo no haya recaído resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora, estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado.

La cantidad, que se fije definitivamente, como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses.

Cuando la demora es en el pago y transcurran cuatro años, sin que el pago de la cantidad fijada, como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en la Ley

Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación.

El derecho de reversión, consiste en la recuperación del bien o derecho expropiado, con la obligación del expropiado de devolver las cantidades percibidas, por ese concepto, viene definido en la exposición de motivos de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (LEF), constituye “un principio de validez inconcusa según el cual, frustrándose por una u otra razón la obra o servicio que dio causa a la expropiación, debe remitir, en todo lo posible al menos, los efectos económicos de ésta”, de modo que, en principio, los bienes expropiados habrán de ser restituidos a su primitivo dueño o sus causahabientes, abonando estos su precio.

Para que proceda el derecho de reversión, es esencial, desde luego, que la adquisición de los bienes se produjese por expropiación forzosa.

Además, es necesario, que no se cumpla la causa de utilidad pública o interés social que ha de justificar una expropiación, lo que en la LEF regula el art. 54 y en materia urbanística, de forma especial, el art. 40 LSV., alteración del uso que motivó la expropiación… reversión en caso de recalificación del patrimonio municipal del suelo, Reversión por falta de urbanización.

También, es interesante mencionar, figuras afines la expropiación, como son el desistimiento, la caducidad y liberación de la expropiación.

En cuanto al desistimiento de la expropiación, esta no puede confundirse con la reversión, especialmente en caso de inejecución, supuesto en que podrá haber lugar a una responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños y perjuicios causados, pero no a la reversión.

La nulidad de la expropiación provoca la anulación de la expropiación procede la indemnización de los daños y perjuicios causados, y no, en rigor, de la reversión (STS 21-11-1998, Ar. 9963), en el sentido no de que no proceda la devolución de los bienes expropiados, sino de que no se tratará, propiamente, de un supuesto de reversión.

 

 

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